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La administración ya puede sancionar por retrasos en la presentación de partes de incapacidad temporal

 

El pasado 27 de diciembre se publicó la Ley 13/2012, de lucha contra el empleo irregular y el fraude en la Seguridad Social.

En la página 11 del pdf dice textualmente “Los apartados 4 y 5 del artículo 21 de la Ley 5/2000, de Infracciones y Sanciones del Orden Social, quedan redactados del siguiente modo:

«4. No facilitar o comunicar fuera de plazo a las entidades correspondientes los datos, certificaciones y declaraciones que estén obligados a proporcionar, u omitirlos, o consignarlos inexactamente. 5….. »

En el artículo 21 de la Ley de Infracciones y Sanciones y dentro de las infracciones leves, aparece ahora este punto 4.

Al ser una infracción leve, según el artículo 40 del mismo texto, la empresa puede ser sancionada con multa de 60 € hasta 625 €.

Hay que tenerlo muy en cuenta, por ejemplo, en cuanto a la comunicación de partes de incapacidad temporal en las empresas, ya que, ahora sí, tiene la administración base legal para sancionar/recaudar.

 


NUEVA TIPIFICACIÓN COMO DELITO EL FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL

Desde el pasado 17 de enero, estar percibiendo la prestación por desempleo o una pensión y trabajando sin haber sido dado de alta en la Seguridad Social, podrá ser considerado como la comisión de un delito tipificado en el Código Penal y que podrá ser castigado con la pena de 6 meses a 3 años de prisión o, en función de lo defraudado y/o circunstancias personales del autor, con una multa de hasta SEIS veces lo defraudado.

Se contempla así mismo que estará cometiendo idéntico delito, el empresario que simule contratar a un trabajador, para que éste pueda reunir los requisitos de acceso a prestaciones. Ejemplo: situación de alguien que contrata durante unos días a un trabajador, porque le faltan para completar el periodo que le permita llegar a acceder al desempleo o al cobro de una pensión.

Este nuevo apartado del artículo 307 del Código Penal, tiene una enorme trascendencia y repercusión. Con anterioridad al 17 de enero, estos fraudes, comportaban una sanción, desde 10.000,00 € al empresario, así como la pérdida de la prestación al trabajador, sanciones que se mantienen. Con posterioridad a esa fecha, estas situaciones pueden comportar, además la condena por delito, con la consecuencia de ingreso en prisión, si hubiera reiteración en el delito o los importes defraudados fueran considerables, etc.

  • Contenido del nuevo texto introducido en el Código Penal

1. Quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública, será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión.

Cuando los hechos, a la vista del importe defraudado, de los medios empleados y de las circunstancias personales del autor, no revistan especial gravedad, serán castigados con una pena de multa del tanto al séxtuplo.

Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.

  • Ø  Endurecimiento de las penas.

En casos de las organizaciones dedicadas a la obtención masiva de prestaciones, a cambio de remuneraciones o cuando el importe defraudado supere los 50.000,00 €, los culpables ingresarán en prisión con penas de2 a 6 años y multa de la cuantía defraudada y hasta su séxtuplo.